Debemos regresarle el poder al ciudadano, sostuvo el diputado Salvador Arvizu Cisneros, previo a la aprobación de la Leyes de Revocaciòn de Mandato y Consulta Popular y aseguró que, de haber tenido estas herramientas, “se hubiese evitado el grosero abuso de poder, el saqueo al erario público de estados como Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo, y dolorosamente, en nuestro Michoacán”.
En representación de la fracción del PT, el dipuatdo local dejó en claro que el voto favorable para estas iniciativas hará iguales a Ciudadanos y Servidores Públicos, pero sobre todo tanto el Presidente de la República, Gobernadores, Legisladores Federales y Locales, Presidentes Municipales y Regidores, estarán ante una caja de cristal en sus actuaciones.
La reforma de orden Constitucional que garantiza la Revocaciòn de Mandato y la Consulta Popular, dijo, se sustenta en lo mandatado en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente dispone: “Que el poder dimana del Pueblo y que es el pueblo quien en tiene en todo tiempo, el derecho a alterar o modificar su forma de gobierno”.
Asimismo, el diputado de izquierda citó el artículo 41 que dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, de los cuales, indicó que el Congreso del Estado de Michoacán, también formamos parte.
Arvizu Cisneros hizo referencia a la reposonsabildiad que tienen con sus representados como legisladores michoacanos y, por ello, les recordó a quienes no votaron a favor de la iniciativa, que sólo realizan un intento de frenar un anhelo del pueblo.
El diputado petista hizo una fuerte reflexiòn sobre el deseo ciudadano y sostuvo que “deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza”.
Y como parte de su intervención Arvizo Cisneros incluso ilustró a sus compañeros legisladores de oposición al resaltar la aceptación e inclusión del término de democracia participativa, en la que los ciudadanos eligen si un funcionario público electo popularmente para cierto periodo, continúa su mandato o debe retirarse. “Esto compañeras y compañeros diputados, no es otra cosa que darle poder al ciudadano para que califique a su representante y decida si lo mantiene en su cargo”.
Asimismo recordó que se faculta al INE para que actúe a petición de ciudadanos, Institución que habrá que intervenir en el proceso de petición, conteo y definición del proceso revocatorio, con lo que también alivió algunas dudas de los legisladores que evidentemente lanzaron señales de sospechosismo ante la iniciativa.
